Estos datos contrastan con los del Observatorio de Vivienda y Suelo, según los cuales la vivienda pública en España se sitúa por debajo de la vacacional, con 290.000 inmuebles, con un porcentaje que coloca a nuestro país seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea. La estadística del INE también sirve para medir uno de los problemas que habitualmente se achacan a este tipo de alojamientos: la presión que ejercen sobre el mercado de la vivienda al restar inmuebles para uso residencial. En 16 de los municipios con más de 1.000 viviendas turísticas, más del 10% de su parque está dedicado al sector. Hay algunos municipios donde el reparto es más que llamativo. Por ejemplo, en La Oliv, en Fuerteventura, casi un cuarto del total de viviendas (un 23,7%), son turísticas. Algo similar ocurre en los municipios de Pollença (el 23,2%) en Mallorca y de Begur (el 19,8%) en Girona. Según varios estudios, es precisamente este auge de viviendas turísticas y plataformas como Airbnb, lo que ha provocado una subida en los precios del alquiler de hasta un 2%. Tanto es así que algunos Ayuntamientos como el de Palma o Valencia llegaron a tomar medidas para regularlo. La isla prohibió el año pasado el arrendamiento turístico y Valencia limitó el alquiler vacacional a bajos y primeros pisos.